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El fiscal Andrés Cruz decidió llevar a juicio a 19 comuneros mapuches, en su mayoría de la Comunidad Choque. Para Llaitul, el investigador está solicitando 103 años de cárcel. En total, la fiscalía acusó de 10 delitos al dirigente, incluidos el de encabezar una asociación ilícita destinada al robo de madera y el incendio de instalaciones de la empresa forestal Mininco.

Atentado contra un fiscal, robo con intimidación, homicidio frustrado y asociación ilícita terrorista son parte de los delitos contenidos en la acusación que el Ministerio Público presentó contra el dirigente mapuche, Héctor Llaitul Carillanca, actualmente en prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción. El fiscal Andrés Cruz decidió llevar a juicio a 19 comuneros mapuches de la provincia de Arauco, en su mayoría miembros de la Comunidad Choque, acusados de "asociación ilícita terrorista". Para Llaitul, el investigador está solicitando 103 años de cárcel.

Entre los acusados figuran los comuneros a quienes el Ministerio Público sindica como responsables de un ataque al fiscal Mario Elgueta, mientras realizaba diligencias en el sector de Puerto Choque, comuna de Tirúa, ello el 16 de octubre de 2008. A juicio del fiscal Cruz, Héctor Llaitul habría sido el autor intelectual de dicho ataque, lo cual es negado por su defensa. Cabe recordar que el sector donde se registró la supuesta emboscada se encontraba por entonces fuertemente militarizado, ello debido a las continuas movilizaciones de mapuches que reclamaban derechos sobre el Fundo La Puntilla.

La Defensoría Penal no dudó en calificar como "exagerada" la petición de la fiscalía respecto de Llaitul. Así lo señaló el defensor regional del Bío-Bío, Georgy Shubert, que defiende a 5 de los imputados por el ataque al fiscal Mario Elgueta y su comitiva policial. Si bien no lleva como Defensoría Penal el caso de Héctor Llaitul, Shubert aseguró que no están de acuerdo con el ejercicio de sumar todos los delitos para sentenciar a una persona. En este caso, subrayó Shubert, la Fiscalía ha recurrido además a la aplicación de la ley Antiterrorista, al uso de los polémicos "testigos protegidos", solicitando asimismo el secreto de la investigación al magistrado, lo que limitaría el proceder de la defensa del dirigente.

Constante asedio policial