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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
SUSPENDEN GARANTIAS EN EL NORTE DE PARAGUAY POR UN INCIDENTE DE VIOLENCIA POLITICA
El texto final que aprobaría hoy la Cámara alta ordena la suspensión de todos los derechos individuales, instala toques de queda y les permite a las fuerzas de seguridad hacer allanamientos y arrestos sin la orden de un juez.
El Senado paraguayo aprobaría hoy el estado de excepción en el norte del país durante un mes. Sería la primera vez que el presidente Fernando Lugo promulgue una medida similar. Hasta ahora el ex obispo católico se negaba a recurrir a la suspensión de derechos y el despliegue de soldados, pero la muerte de cuatro personas esta semana en un enfrentamiento con la supuesta guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) doblegó la voluntad del mandatario. “Si el presidente no enviaba el pedido al Congreso, el Congreso lo habría presentado y votado igual. Las cuatro nuevas muertes tuvieron un efecto muy fuerte en la opinión pública paraguaya”, explicó anoche a este diario uno de los asesores legales del mandatario, Hermes Rafael Saguier.
El proyecto de Lugo proponía un estado de excepción en los departamentos norteños de Amambay, Concepción, Presidente Hayes, Alto Paraguay y San Pedro durante sesenta días. La oposición aceptó el pedido, pero lo redujo a treinta días y limitó las prerrogativas del presidente de la Nación durante ese período. El texto final que aprobaría hoy a la mañana la Cámara alta ordenará la suspensión de todos los derechos individuales, instalará toques de queda y les permitirá a las fuerzas de seguridad hacer allanamientos y arrestos a diestra y siniestra, sin la orden de un juez.
Pero lo más importante, lo que tuvo que ceder Lugo, es que serán los militares y no ya los policías los que dirigirán la cacería de los supuestos guerrilleros. La Constitución paraguaya, como la argentina, no permite que las fuerzas armadas participen de operativos de seguridad dentro del territorio nacional. Excepto, claro, que haya un estado de emergencia, declarado por el Legislativo y ratificado por el Ejecutivo.
