BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Cinco millones de hectáreas en disputa y 600 mil personas afectadas en el noroeste del país

El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.

Una superficie y población que equivalen a la provincia de Jujuy son las que se encuentran afectadas por conflictos.

A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.

“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.