BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

En un comunicado, la Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad (CEIBA), Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC) y la Asamblea Departamental por la defensa de los recursos naturales de Huehuetenango, señalaron que la lucha por la defensa de la vida se han teñido de sangre frente a la actividad minera y los megaproyectos.

Entre los hechos más recientes se cuentan los asesinatos de dos miembros del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales (FRENA), de Malacatán, San Marcos, Octavio Roblero y Evelinda Ramírez, quienes defendían a las comunidades frente a los abusos de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Unión Fenosa, en ese departamento.

Estos crímenes se dieron en el marco del Estado de excepción decretado por el Gobierno en esa localidad.

Por otro lado cada día aumentan las órdenes de captura a activistas sociales; entre esos casos se encuentran la persecución penal que sufre Gregoria Crisanta Pérez, en San Miguel Ixtahuacán, y los de Rubén Herrera, Rony Nicolás, Mauro Méndez y Saúl Méndez, miembros de la Asamblea Departamental en Huehuetenango, quienes son criminalizados por oponerse a la instalación de una hidroeléctrica en su municipio.

Las organizaciones exigieron al gobierno que la muerte de estos defensores de derechos humanos no quede en la impunidad y que cese la persecución y represión en contra de las comunidades, en su mayoría habitadas por indígenas.