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La Prefectura organizó una cita el fin de semana. Se alista un plan territorial para intentar frenar la minería en la provincia.

La elaboración de un plan de ordenamiento territorial para delimitar las áreas para la minería fue la principal resolución que adoptó la asamblea de Zamora Chinchipe.

Esta cita, en la que participaron 1 000 personas, finalizó el fin de semana en Zamora. La idea de los asistentes es que este plan pueda frenar los proyectos de empresas mineras como Ecuacorriente (ECSA) y la canadiense Kinross-Aurelian.

Ambas compañías están en fase de exploración minera avanzada. ECSA prevé invertir unos USD 400 millones en su proyecto Mirador, para explotación de cobre en el cantón El Pangui.

Mientras, Kinross-Aurelian invertiría USD 500 millones en el proyecto Fruta del Norte en el cantón Yantzaza. Ya desembolsó USD 60 millones, según su vicepresidente de Asuntos Externos, Dominic Channer.

Para 2010 tiene previsto iniciar su fase de explotación. Según Channer, el cronograma depende de permisos, negociaciones de contratos de explotación con el Régimen y otros trámites que exige la Ley de Minería.

Los planes de ambas empresas preocupan al prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien ha logrado el respaldo de organizaciones sociales, pequeños mineros y mineros artesanales. También de la población shuar, saraguros, campesinos y ambientalistas.

Para Leonel Armijos, presidente de la Junta Parroquial de Bellavista (cantón Paquisha), la idea es que el plan de ordenamiento evite el ingreso de transnacionales. Pide que los pequeños mineros y mineros artesanales tecnifiquen su labor.

De acuerdo con la resolución de la asamblea este plan también definirá las áreas donde se pueda desarrollar el turismo, agroecología, reforestación, ganadería, industria...

Para Quishpe, las incongruencias entre el Mandato constitucional y la acción del Gobierno mantienen la oposición a la minería a gran escala. El asambleísta por esa provincia, Kléver Jiménez, dice que con las concesiones en manos de transnacionales se irrespeta los artículos 405 y 408 de la Constitución.

Este último dice: “son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos…”.

Para la gobernadora de Zamora Chinchipe, Jenny Rodríguez, el problema es que las concesiones mineras fueron dadas antes que se aprobara la actual Constitución. Por ello, pidió a los asambleístas crear un marco jurídico para dar cumplimiento a preceptos constitucionales como los referidos.
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