México, DF. El asesinato del activista Mariano Abarca y otros escándalos relacionados con el accionar en territorio mexicano de firmas mineras de Canadá han abierto la puerta en ese país a la instauración de mayores controles, en especial ante la expansión de esos capitales también en otros países de América Latina.
El parlamento canadiense tiene a estudio el proyecto de ley C-300, que estipula varias políticas para supervisar la operación en cualquier lugar del mundo de las empresas extractivas originarias del país.El gobierno de ese país puso en funciones en enero una página en Internet que ofrece asesoría e información para que las compañías mineras adopten prácticas éticas.
Por otra parte, a fines de ese mismo mes la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el gobierno violó en 2006 la legislación vigente al autorizar el proyecto de la mina Red Chris de manera fragmentada y falló también que las grandes obras mineras están obligadas a tener una evaluación de impacto ambiental integral y con participación pública.

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