Es el segundo intento de la petrolera luego de que la Corte se lo impidiera en 2005. Hay 30 días de plazo para plantear objeciones.

Según ambientalistas de Oikos, no hay datos precisos sobre la hidrología de la laguna y sus acuíferos.
Tras acumular una serie de dictámenes sectoriales en torno a la manifestación de impacto ambiental, a YPF le queda por delante una última prueba de fuego: la audiencia pública fijada para el 26 de febrero en Malargüe. Si logra superarla, y el Gobierno lo habilita, finalmente podrá concretar su postergado proyecto de extraer petróleo en el área de Llancanelo.
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