Así lo admitieron a La Nacion fuentes oficiales, que aclararon que el tratado secreto que firmaron los ministerios de Economía de la Argentina y Chile en 2009 no es suficiente para cumplir con la normativa argentina.

La firma de este acuerdo, que por la Argentina estuvo a cargo del secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, provocó dos renuncias en el equipo económico que encabeza Amado Boudou y la apertura de una causa que investiga el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.

Justamente, los dos funcionarios que dejaron sus cargos (Mario Presa y Christian Modolo) opinaron que había que cambiar la ley de Ganancias para que Barrick pudiera operar en la Argentina, en lo que promete ser el proyecto de extracción de oro más importante del mundo y la primera mina binacional del planeta.

La Barrick ya está operando fuerte en la Argentina y le pagó cerca de $ 850 millones al Gobierno en concepto de Ganancias por el ejercicio fiscal 2010 en la mina de Veladero, en San Juan, por lo que en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está conforme con la conducta de la compañía de origen canadiense.

En cambio, en el Ministerio de Economía reconocen que el tratado firmado por Pezoa no será suficiente para cubrir los requerimientos legales y que Barrick opere en forma completa. "Va a hacer falta un proyecto de ley, posiblemente con otra composición del Congreso", indicó una fuente del equipo económico.

La aclaración no es menor porque el proyecto de Pascua Lama le provocó al Gobierno una fuerte controversia, luego de que la presidenta Cristina Kirchner vetara la ley de glaciares, que había sido votada en forma unánime por las dos cámaras del Congreso. Esta decisión se tomó luego de una serie de encuentros entre la Presidenta y el CEO de la Barrick, Peter Munk, tal como lo precisó el periodista Luis Majul en su libro El y Ella , en el que hace referencia a la polémica impositiva en torno de esta iniciativa.

El acuerdo, que el Gobierno no quiso difundir pero fue revelado por la diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, tiene al menos dos aspectos controvertidos, según explicaron la propia legisladora y un destacado tributarista, que habló con La Nacion en forma anónima.

La diputada, que denunció al Gobierno en la Justicia por esta cuestión, dijo en un informe que "el aspecto más controvertido surge del punto III del impuesto a las ganancias". Allí se establece que, "a los efectos de verificar la vinculación con la renta neta gravada por cada país, los costos y gastos de actividades transfronterizas que no pudieran ser imputados en forma directa serán considerados imputables a las actividades realizadas en el territorio de cada una de las partes conforme a la proporción de material removido en cada jurisdicción".

Según Reyes, esta decisión implica que "la mayor parte de las ganancias por este tipo de servicios serán consideradas de fuente chilena y, por lo tanto, el fisco argentino recaudará menos impuesto a las ganancias".

En tanto, el tributarista comentó a La Nacion que "el acuerdo modifica el régimen de deducción de costos en explotaciones mineras por lo que habría que modificar el artículo 75 de la ley del impuesto a las ganancias". El artículo de la actual ley determina que la deducción de costos y gastos de un proyecto sólo puede hacerse una vez que éste funciona en forma plena.

En cambio, el acuerdo firmado por Pezoa admite la deducción mientras la empresa va incurriendo en los gastos previos a la puesta en marcha, indicó el especialista, que aclaró que, por esa razón, "esta modificación debería ser cambiada por ley".

Esa es la misma línea argumental del funcionario político del Palacio de Hacienda que admitió que "en algún momento habrá que votar una ley", luego de que dos subsecretarios recibieran advertencias para no firmar este convenio bilateral, que fueron comunicadas a Pezoa.

En 2009, uno de ellos comentó: "¿Ustedes quieren que vayamos todos presos?", tal como lo publicó La Nacion en ese entonces. Consultadas, fuentes de la empresa Barrick indicaron: "Nuestra compañía cumple con las leyes de los países donde opera".

Sobre la necesidad de otra ley, fueron tajantes: "Pascua Lama cuenta con todas las aprobaciones aplicables y que fueron otorgadas por las autoridades pertinentes tanto de Argentina como de Chile".

Además, la compañía informó que, a partir de octubre próximo, comenzará el "pre-stripping [remoción del lastre que generan las obras] en territorio nacional y la construcción del túnel que conecta la mina en Chile con la planta de procesamiento en la Argentina avanza en ambos lados de la frontera".